Los hechos ocurrieron frente a la negativa a dejar revisar sus bolsos por empleados municipales, razón por la cual una de ellas fue llevada detenida a la comisaría 5ta del distrito, acusada de generar disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad. Allí estuvo privada de su libertad e incomunicada por casi ocho horas. Se le abrió una causa penal con los empleados municipales como testigos.
Dolores Rodriguez Villegas, de 24 años, recordó la situación: “Al ingresar a la costa por la avenida San Martín nos frenó personal municipal y nos pidió que les mostremos nuestras mochilas ya que estaba prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas”. “Le aclaramos que no traíamos bebidas alcohólicas”, agregó, pero que “de ninguna manera le mostraríamos nuestras pertenencias ya que ellos no tenían ningún tipo de derecho a revisarlas u obligarnos a mostrarlas. También le dijeron que se encontraban en un espacio público y que no habían cometido ningún delito. Pero eso no importó.
La municipalidad de Vicente López, con Jorge Macri como intendente, utiliza el decreto 286/05 (y su modificación con el 2619/11) para realizar estas requisas, vulnerando así la Constitución Nacional y el derecho a la libre circulación. Según las garantías establecidas por la ley argentina nadie puede revisar las pertenencias personales de una persona que transita por la vía pública, a menos que la persona sea atrapada en el momento de la comisión de un delito.
Estefanía Sadoux integrante de la asamblea Unidos por el Río y militante de Patria Grande declaró: “Estos atropellos no son recientes, ya vienen pasando desde hace más de un año y están relacionados con la intención de privatizar la costa pública. De esta forma se está haciendo un uso exclusivo y excluyente del espacio público”. El grupo de vecinos de la zona vienen realizando distintas actividades para denunciar los abusos de la municipalidad en la costa.
Desde la asunción de Jorge Macri como intendente del municipio de Vicente López se mantuvieron las excepciones al código de ordenamiento urbano que venían de la anterior gestión de Enrique “Japonés” García. Entre las excepciones aprobadas están la aprobación de un helipuerto, un banco, una clínica privada y una productora de televisión. A esto se le suma el mega emprendimiento inmobiliario “Al Río” del grupo IRSA y Carlos De Narváez junto con la instalación de una subestación eléctrica, pasando de esta forma a manos privadas un sector de la costa ribereña que históricamente fue de utilización y disfrute público.
fuente: Notas. periodismo popular.
http://notas.org.ar/2015/01/13/violencia-institucional-en-la-costa-de-vicente-lopez/
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