Revés judicial para Jorge Macri: la Corte bonaerense confirmó que son ilegales los cacheos en el río

A pesar de que la Justicia las frenó en reiteradas oportunidades, el Municipio de Vicente López apeló varias veces e insiste con las requisas para entrar al vial costero, un espacio público y abierto. La polémica comenzó en 2015, luego de que vecinos presentaran un habeas corpus por varios casos de violencia institucional llevados adelante por policías bonaerenses y empleados municipales.

Por Sebastián Weber -

 16 Agosto, 2017

La asamblea Unidos por el Río, el Foro por el Ambiente y la Salud de Vicente López y la ONG Naturaleza de Derechos presentaron un habeas corpus a principios de 2015 por las requisas y los cacheos que la Municipalidad de Jorge Macri ordenaba en el paseo de la costa. “Se realizan en retenes dispuestos sobre todas las arterias que conducen al Vial Costero, transformando el acceso al mismo en un ingreso a un lugar privado”, habían denunciado en el escrito los vecinos y las vecinas del partido. En marzo, el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro intimó al municipio a “adecuar las conductas contrarias a la ley a los parámetros especificados en el ordenamiento legal”. Siete meses después, la intendencia apeló y la sala VI de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso: los jueces declararon que la comuna incurría en “afirmaciones dogmáticas”. Y aunque el municipio agotó todas las opciones, no logró revertir la situación: ahora la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó el fallo del tribunal de primera instancia y dispuso que el gobierno cese las restricciones y controles a los hombres y mujeres que quieren disfrutar del río.

“Nosotros lo que buscamos es que se nos respeten los derechos. Nos gustaría un municipio con diálogo, que consulte las cosas con los vecinos y no que las haga por la fuerza. En el fallo de la Corte se cae de maduro que previene una violación de garantías constitucionales”, explicó Alejandro Benatar, integrante de Unidos, a El Argentino ZN. La sentencia del máximo tribunal de justicia de la Provincia está firmada por la presidenta Hilda Kogan, los ministros Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria y el secretario Daniel Martínez Astorino. En el escrito, los jueces resolvieron: “Desestimar -por inadmisible- la queja interpuesta por el apoderado de la Municipalidad de Vicente López”. Y además, declaran la “inoficiosidad de la tarea profesional” realizada por el abogado Gabino Tapia, representante de la comuna. Para esto último, citan el artículo 30 del decreto ley 8904/77 que dice: “Los trabajos y escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los efectos de la regulación de honorarios”.

“EN EL FALLO DE LA CORTE SE CAE DE MADURO QUE PREVIENE UNA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”

“Muchos se creen la excusa de la seguridad. Resulta que el paseo costero debe ser uno de los territorios más controlados del país”, aseguraron desde Unidos por el Río. Desde el colectivo enumeraron el sistema de vigilancia que existe en la costa de Vicente López: cámaras, garitas en lo alto -instaladas a la altura de las avenidas Laprida e Yrigoyen-, no sólo fuerzas municipales, sino también bonaerenses, federales y Prefectura. Además, agentes que recorren el vial en bici o en moto, y la seguridad privada de los emprendimientos inmobiliarios que rodean al Río de la Plata. “Lo del alcohol también es un pretexto, una hipocresía”, agregaron los miembros de la asamblea. Y pusieron como ejemplo de esa contradicción al Burger Fest: un evento gastronómico que se realiza en la costa y donde se instala un patio cervecero y food trucks que venden vino y coctelería. “Los cacheos y requisas son una cuestión de control social: no buscan prevenir nada, sino que nos vayamos haciendo la idea de que estas entrando a un lugar privado, que en realidad no lo es”, concluyó Benatar.

“LOS CACHEOS Y REQUISAS SON UNA CUESTIÓN DE CONTROL SOCIAL: NO BUSCAN PREVENIR NADA”

Los vecinos y vecinas presentaron el habeas corpus en 2015 por el caso de una mamá que se negó a mostrar lo que llevaba en su mochila y estuvo en la comisaría separada durante siete horas de su nena de tres años. Terminó con una causa armada por desacato a la autoridad; y también, porque se enteraron de un joven que los agentes detuvieron por resistirse a ser revisado: los oficiales lo desvistieron a punta de pistola y amenazaron con violarlo. Estas denuncias decantaron en la judicialización del caso y en la realización de volantes por parte de Unidos por el Río para informar sobre cómo actuar frente a una situación de ese tipo. Durante 2016 y principios de este año, la asamblea denunció que los cacheos continuaban, y para combatirlos, repartían ese documento en el que detallaban: “Ningún funcionario público puede exigirte que le muestres tu bolso, mochila, cartera, heladera portátil o realizarte un cacheo. Para hacerte esto tiene que haber una orden judicial. El personal policial sólo puede hacerlo si comprueba que estás vinculado a un delito”. En el manual también explicaban que se puede citar la sentencia del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro: ahora avalada por el máximo tribunal de Justicia.

fuente: https://www.elargentinozn.com.ar/2017/08/16/reves-judicial-para-jorge-macri-la-corte-bonaerense-confirmo-que-son-ilegales-los-cacheos-en-el-rio/

Vicente López: volvieron los cacheos ilegales al río

La Justicia los declaró ilegales en 2015 y el Municipio tuvo que terminar con las requisas para entrar al Vial Costero, un espacio público y abierto. Unidos por el Río denuncia que policías y municipales volvieron a controlar bolsos y mochilas con amenazas a los visitantes que se niegan a hacerlo.

Por Sebastián Weber -

 21 Febrero, 2017

La Justicia de San Isidro declaró en marzo de 2015 que las requisas y los cacheos que la municipalidad de Vicente López ordenaba en el vial costero eran ilegales. Fue después de la presentación de un habeas corpus por parte de la asamblea Unidos por el Río, el Foro por el Ambiente y la Salud del municipio y la ONG Naturaleza por Derechos. Los integrantes de las organizaciones decidieron judicializar el problema después de dos casos que los conmovieron: por un lado, el de una mamá que estuvo en la comisaría separada durante siete horas de su nena de tres años y terminó con una causa armada por desacato a la autoridad; y también, el de un joven que los agentes detuvieron por resistirse a ser revisado, lo desvistieron a punta de pistola y amenazaron con violarlo. Ahora, Unidos por el Río denuncia que el control municipal en la costa volvió, una metodología que a pesar de la orden judicial también se había repetido en enero de 2016. “Quieren controlan el espacio público: te ponen un límite físico como si estuvieras entrando a un lugar”, dijo Alejandro Benatar, de Unidos, a El Argentino ZN.

El grupo de vecinos que presentó el habeas corpus a principios de 2015 escribió: “Las requisas se realizan en retenes dispuestos sobre todas las arterias que conducen al Vial Costero, transformando el acceso al mismo en un ingreso a un lugar privado”. El titular del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, hizo lugar al pedido e intimó a la Municipalidad a “adecuar las conductas contrarias a la ley a los parámetros especificados en el ordenamiento legal”. El municipio apeló y en octubre de 2015 los jueces Mario Eduardo Kohan y Ricardo Maidana de la sala VI de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazaron la apelación y declararon que la intendencia de Vicente López incurría en “afirmaciones dogmáticas” y que era “improcedente” en el recurso interpuesto. A pesar de todas las resoluciones de la Justicia, en el verano de 2016 el gobierno de Jorge Macri volvió a ordenar los cacheos ilegales y para Unidos por el Río, en 2017 volvieron “con más fuerza”. Según la organización vecinal, la causa está a la espera de una sentencia de la Corte Suprema provincial.

“La explicación que dan ellos es que le piden colaboración a los vecinos en las requisas. Pero si la persona se niega a mostrar sus pertenencias, llaman a la Policía y los llevan a la comisaría. Entonces, ¿dónde está lo voluntario?”, se preguntó Benatar. Con Unidos por el Río repartieron volantes en los que hacen un repaso de la historia de los cacheos ilegales. Explican cada momento del ida y vuelta judicial con el municipio como si fueran actos de una obra de teatro. Y detallan también las tres reglas básicas que alguien que va al vial costero debe saber: “Ningún funcionario público puede exigirte que le muestres tu bolso, mochila, cartera, heladera portátil o realizarte un cacheo. Para hacerte esto tiene que haber una orden judicial. El personal policial solo puede hacerlo si comprueba que estás vinculado a un delito”.

“NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO PUEDE EXIGIRTE QUE LE MUESTRES TU BOLSO O REALIZARTE UN CACHEO. PARA ESO TIENE QUE HABER UNA ORDEN JUDICIAL”

Los agentes de la patrulla municipal caminan el río de Vicente López cerca de los jóvenes que van a recrearse en los días soleados. Los policías se detienen al lado de las lonas o las rondas de mate. La mayoría de las veces, gritan antes de saludar o preguntar qué bebidas toma la gente: “No se puede tomar alcohol acá”. Sin embargo, el fin de semana pasado se festejó el Burger Fest en Urquiza y el río. La intendencia permitió la realización del evento gastronómico que instaló food trucks que no sólo vendían agua y gaseosa: levantaron un patio cervecero y hubo camiones que ofrecían vino y coctelería. En 2016, hubo una feria similar en el mismo lugar que también vendía bebidas alcohólicas. “Cuando te revisan ponen como excusa el alcohol, pero lo que quieren es controlarte. Te vas acostumbrando que estás entrando o dentro de un lugar. Después un día lo cierran para un evento privado y al final naturalizas que no te dejen pasar a un espacio público”, definió Benatar.

Las últimas propagandas de la municipalidad invitan a los vecinos a disfrutar de shows en vivo y a vivir el Carnaval en Vicente López. En las publicidades se repiten dos referencias: “paseo de la costa” y “gratis”. “Decir que no tenés que pagar para ir a un espacio público es como ponerle precio y regalártelo”, aseguraron desde la asamblea Unidos por el Río. Y Benatar concluyó que esa política no los sorprende: “Sobre la costa están avanzando con negocios privados como el shopping de la empresa Al Río SA. También intentaron hacer un amarradero en el arroyo Raggio pero con lucha lo pudimos frenar. Por eso no nos parece casual que quieran ejercer un control y demostrar que tienen poder”.