Carta Documento al Gobernador Scioli
Luego de vergonzosos incidentes protagonizados el día 17 del corriente en la franja ribereña de Vicente López por fuerzas policiales de la Provincia, hemos dejado transcurrir cierto tiempo en espera de que su Gobierno tuviera alguna reacción frente a las manifiestas ilegalidades del procedimiento oficial. Pero ello no se ha dado y entendemos que le incumbe a Ud. la máxima responsabilidad política por los hechos represivos ilegales y los actos de abuso de autoridad.
A primera hora de ese día un grupo de vecinos se hizo presente para acompañar a un conjunto de jóvenes que en oposición a una obra maligna desde hace meses acampa en un lugar boscoso ribereño, en la traza de un proyecto "Vial Costero”, para cuya ejecución el contratista debe talar unos 200 árboles, con algunos ejemplares que alcanzan los 20 metros de altura, y extender allí una cinta de hormigón para que circulen vehículos contaminantes, sin que ello signifique dar una mínima solución a los serios problemas circulatorios de la zona.
Cuando los vecinos intentaron acceder a la ribera fueron interceptados por un cordón policial de los cuerpos de infantería, caballería y de calle, que cargó bastonazos y golpes de escudo con un nivel de represión inusitado sobre quienes pujaban pacíficamente con las manos vacías para acercarse. Los que intentaron flanquear el retén policial terminaron detenidos, entre ellos nuestro Vicepresidente, el distinguido abogado Dr. MIGUEL QUINTABANI, quien en ejercicio de su profesión y credencial en mano, necesitaba conocer el estado de los jóvenes acampados que habían requerido su asistencia por estar cercados y amenazados.
Por ello el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO emitió una declaración –según puede leerse en su página web– denunciando la obstaculización del libre ejercicio profesional de un colega “que patrocina en distintas acciones judiciales a los vecinos por la construcción del vial costero”, y destacando una rápida intervención entrevistando al Juez de Garantías por haberse aprehendido al letrado.
También detuvieron a un Concejal que quiso caminar por el área, ignorando que la Ley 6769 en forma expresa señala la imposibilidad de detener a un concejal sin orden o resolución de un Juez competente, haciéndole padecer violencia física y moral al ser esposado, atropello insólito a los fueros de un representante del Pueblo. Las fuerzas del orden que no escatimaron esfuerzos en usar la violencia, no han obedecido ningún pronunciamiento de un magistrado del PODER JUDICIAL. El Superintendente de Zona Norte de la policía dice que se actuó en base a la orden de decomiso de elementos de los manifestantes librada por un juez municipal de faltas, pero se trató de un desalojo encubierto, ya que los presentes fueron desplazados y a los que permanecían sobre los árboles, bajo la amenaza de abrir los grifos de las mangueras de un destacamento de bomberos también presente, se les negó la posibilidad de permanecer en el lugar.
Bajo la argucia de la orden de un juez administrativo, se escondió la liberación del sector arbolado donde se refugió un bastión de resistencia del grupo de jóvenes que ponían el cuerpo para defender el espacio de uso público. Con la represión a habitantes pacíficos y educados que acaban de padecer un incremento jamás visto del Impuesto Inmobiliario, e ignorar la opinión de la gente y la cuestión ambiental planteada, se ha atentado contra el corazón del sistema democrático, porque afecta libertades individuales y penaliza la protesta social. Llama la atención que habiendo tanta inseguridad y falta de efectivos policiales, casi 200 agentes de la fuerza del fueran distraídos de su principal misión.
La jornada vivida fue una lamentable reiteración de la represión de protestas vecinales por esta obra, de costo millonario y objetivos espurios. Por la gran difusión de la noticia e imágenes que hubo en todos los medios nacionales, el país entero sabe de este conflicto y de la defensa del espacio público por parte del vecindario, que la obra es para servir a intereses comerciales e inmobiliarios enclavados en los dos extremos del Vial y que atenta contra las familias que, sepultadas las playas, utilizan la zona como único espacio de esparcimiento.
La gente pregunta si el Gobierno provincial quiso demostrar en Vicente López cómo es su Política de Seguridad de "tolerancia cero" en el manejo de conflictos sociales; y confirmar que está de acuerdo con la política de “diálogo cero” del Ejecutivo municipal. Pero los ciudadanos creemos que estando en democracia se tiene que plantear la búsqueda de consensos a partir del diálogo. Tenemos un Intendente que no debe haber leído el Capítulo de Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional, pues niega absolutamente información veraz y la real participación ciudadana en los procesos de diseño y planeamiento urbano. Cuando se trata de problemas que afectan el patrimonio natural y cultural de la ciudad, aún con métodos de acción y resistencia no violenta, los vecinos han debido enfrentar patotas enquistadas en el aparato municipal.
En el marco de los incidentes, tras el desalojo de vecinos que buscan evitar la continuidad de los daños ambientales, la sociedad en su conjunto está indignada ante tamaña afrenta al orden jurídico y repudia al accionar de la Policía y del gobierno del Sr. García, quien reitera situaciones con desparpajo, menosprecio y burla de la Ley, respondiendo a la concertación de intereses económicos espurios, comportándose como si fuese dueño de la Ciudad y de la margen del Rio de la Plata, siendo una constante, su total preocupación por los business.
Para que los responsables no queden impunes, en nuestra respectiva condición de Presidente y Secretario de la Asociación Civil PRO VICENTE LOPEZ, entidad ambientalista que cuenta con personería jurídica desde hace más de 20 años y viene desplegando acciones administrativas y judiciales en defensa de los espacios públicos urbanos y la calidad de vida, remitimos esta Carta Documento para formalizar la Denuncia pertinente.-
Vicente López, 22 de Marzo de 2011
Luego de vergonzosos incidentes protagonizados el día 17 del corriente en la franja ribereña de Vicente López por fuerzas policiales de la Provincia, hemos dejado transcurrir cierto tiempo en espera de que su Gobierno tuviera alguna reacción frente a las manifiestas ilegalidades del procedimiento oficial. Pero ello no se ha dado y entendemos que le incumbe a Ud. la máxima responsabilidad política por los hechos represivos ilegales y los actos de abuso de autoridad.
A primera hora de ese día un grupo de vecinos se hizo presente para acompañar a un conjunto de jóvenes que en oposición a una obra maligna desde hace meses acampa en un lugar boscoso ribereño, en la traza de un proyecto "Vial Costero”, para cuya ejecución el contratista debe talar unos 200 árboles, con algunos ejemplares que alcanzan los 20 metros de altura, y extender allí una cinta de hormigón para que circulen vehículos contaminantes, sin que ello signifique dar una mínima solución a los serios problemas circulatorios de la zona.
Cuando los vecinos intentaron acceder a la ribera fueron interceptados por un cordón policial de los cuerpos de infantería, caballería y de calle, que cargó bastonazos y golpes de escudo con un nivel de represión inusitado sobre quienes pujaban pacíficamente con las manos vacías para acercarse. Los que intentaron flanquear el retén policial terminaron detenidos, entre ellos nuestro Vicepresidente, el distinguido abogado Dr. MIGUEL QUINTABANI, quien en ejercicio de su profesión y credencial en mano, necesitaba conocer el estado de los jóvenes acampados que habían requerido su asistencia por estar cercados y amenazados.
Por ello el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO emitió una declaración –según puede leerse en su página web– denunciando la obstaculización del libre ejercicio profesional de un colega “que patrocina en distintas acciones judiciales a los vecinos por la construcción del vial costero”, y destacando una rápida intervención entrevistando al Juez de Garantías por haberse aprehendido al letrado.
También detuvieron a un Concejal que quiso caminar por el área, ignorando que la Ley 6769 en forma expresa señala la imposibilidad de detener a un concejal sin orden o resolución de un Juez competente, haciéndole padecer violencia física y moral al ser esposado, atropello insólito a los fueros de un representante del Pueblo. Las fuerzas del orden que no escatimaron esfuerzos en usar la violencia, no han obedecido ningún pronunciamiento de un magistrado del PODER JUDICIAL. El Superintendente de Zona Norte de la policía dice que se actuó en base a la orden de decomiso de elementos de los manifestantes librada por un juez municipal de faltas, pero se trató de un desalojo encubierto, ya que los presentes fueron desplazados y a los que permanecían sobre los árboles, bajo la amenaza de abrir los grifos de las mangueras de un destacamento de bomberos también presente, se les negó la posibilidad de permanecer en el lugar.
Bajo la argucia de la orden de un juez administrativo, se escondió la liberación del sector arbolado donde se refugió un bastión de resistencia del grupo de jóvenes que ponían el cuerpo para defender el espacio de uso público. Con la represión a habitantes pacíficos y educados que acaban de padecer un incremento jamás visto del Impuesto Inmobiliario, e ignorar la opinión de la gente y la cuestión ambiental planteada, se ha atentado contra el corazón del sistema democrático, porque afecta libertades individuales y penaliza la protesta social. Llama la atención que habiendo tanta inseguridad y falta de efectivos policiales, casi 200 agentes de la fuerza del fueran distraídos de su principal misión.
La jornada vivida fue una lamentable reiteración de la represión de protestas vecinales por esta obra, de costo millonario y objetivos espurios. Por la gran difusión de la noticia e imágenes que hubo en todos los medios nacionales, el país entero sabe de este conflicto y de la defensa del espacio público por parte del vecindario, que la obra es para servir a intereses comerciales e inmobiliarios enclavados en los dos extremos del Vial y que atenta contra las familias que, sepultadas las playas, utilizan la zona como único espacio de esparcimiento.
La gente pregunta si el Gobierno provincial quiso demostrar en Vicente López cómo es su Política de Seguridad de "tolerancia cero" en el manejo de conflictos sociales; y confirmar que está de acuerdo con la política de “diálogo cero” del Ejecutivo municipal. Pero los ciudadanos creemos que estando en democracia se tiene que plantear la búsqueda de consensos a partir del diálogo. Tenemos un Intendente que no debe haber leído el Capítulo de Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional, pues niega absolutamente información veraz y la real participación ciudadana en los procesos de diseño y planeamiento urbano. Cuando se trata de problemas que afectan el patrimonio natural y cultural de la ciudad, aún con métodos de acción y resistencia no violenta, los vecinos han debido enfrentar patotas enquistadas en el aparato municipal.
En el marco de los incidentes, tras el desalojo de vecinos que buscan evitar la continuidad de los daños ambientales, la sociedad en su conjunto está indignada ante tamaña afrenta al orden jurídico y repudia al accionar de la Policía y del gobierno del Sr. García, quien reitera situaciones con desparpajo, menosprecio y burla de la Ley, respondiendo a la concertación de intereses económicos espurios, comportándose como si fuese dueño de la Ciudad y de la margen del Rio de la Plata, siendo una constante, su total preocupación por los business.
Para que los responsables no queden impunes, en nuestra respectiva condición de Presidente y Secretario de la Asociación Civil PRO VICENTE LOPEZ, entidad ambientalista que cuenta con personería jurídica desde hace más de 20 años y viene desplegando acciones administrativas y judiciales en defensa de los espacios públicos urbanos y la calidad de vida, remitimos esta Carta Documento para formalizar la Denuncia pertinente.-
Vicente López, 22 de Marzo de 2011
SANTIAGO JELENIC DNI 1.746.037
ROLANDO DEL ROSARIO MOYANO DNI 1.977.945
Fuente: 168horas
Fuente: 168horas
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